La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino hoy las oficinas administrativas de la comuna ubicadas en la ex-Mutual. La diligencia, que duró aproximadamente tres horas, estuvo a cargo del fiscal Julio César Pilco, del Tercer Despacho de Investigación de Lambayeque. El magistrado indicó que se recabó el expediente de contratación y toda la documentación relacionada con el caso en las áreas de Logística y Administración, destacando que el municipio facilitó la información necesaria.

Esta acción responde a una investigación iniciada esta semana por el Ministerio Público, con un plazo de 120 días, contra funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Se les investiga por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en el servicio de decoración del parque Principal, específicamente por la instalación del controversial árbol navideño, cuyo valor supera los S/ 20 000.

El objetivo de la fiscalía es determinar si se cometieron actos irregulares que afectaran el correcto uso de los recursos públicos. La intervención se sustenta en un informe previo de la Contraloría General de la República, el cual evidenció presuntas anomalías en la gestión de la alcaldesa Janet Cubas respecto a este proceso de contratación.

Janet Cubas podría ser suspendida

En paralelo a la investigación fiscal, ocho de los 15 regidores de la comuna han firmado una solicitud formal para debatir y votar la suspensión por 30 días de Janet Cubas. El pedido se basa en un presunto daño a la imagen institucional del municipio, tras la difusión de declaraciones supuestamente falsas sobre el polémico árbol.

El regidor Ricardo Castillo informó que la solicitud fue presentada ayer, martes 16 de diciembre. Tras este paso, el secretario general dispone de dos días para informar a la burgomaestre y tres días adicionales para remitir la documentación a la Comisión de Ética. Dicho grupo de trabajo tiene un plazo máximo de 15 días para emitir un pronunciamiento. Una vez publicado el informe, la alcaldesa tendrá cinco días para convocar a una sesión extraordinaria donde se decidirá su situación.