Un grupo de familiares de internos del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, ubicado en el distrito de Picsi, protestó en los exteriores del recinto con pancartas en mano para exigir mejores condiciones en el horario de visitas. La manifestación responde a las deficiencias detectadas tras la implementación del Decreto Supremo 019-2025, impulsado por el Gobierno del presidente José Jerí, que modifica el Reglamento del Código de Ejecución Penal.

El nuevo reglamento, vigente desde el 29 de octubre, dispone que las visitas deben realizarse en un locutorio y las restringe a una vez cada 15 días. Sin embargo, debido a que el penal de Picsi no cuenta con un ambiente adecuado para instalar uno, la improvisación de un espacio ha derivado en condiciones inadecuadas para los visitantes.

Miguel Ramírez Chávarri, representante legal de los manifestantes, explicó la postura de los internos: «Ellos han aceptado casi todas las medidas impuestas por este decreto, pero están pidiendo que se deje intacta la visita o que se utilice un locutorio cuando se construya uno». Ramírez Chávarri denunció que el ambiente actualmente empleado es una sala destinada a entrevistas entre abogados e internos, que carece de baños, ventilación y sillas, situación que calificó como un «maltrato a los familiares».

Madres de familia, visiblemente angustiadas, relataron a los medios que, debido al ambiente reducido e inadecuado, ni siquiera logran ver a sus familiares durante las visitas y solo alcanzan a escuchar sus voces, lo que les genera incertidumbre sobre su estado físico. Las manifestantes, aunque reconocen que sus hijos o nietos han cometido errores, enfatizaron que no dejan de ser seres humanos y no deberían ser sometidos a esas condiciones.

El abogado Ramírez Chávarri confirmó que se ha presentado un reclamo formal ante el Consejo Nacional Penitenciario (CNP), pero hasta el momento no han recibido respuesta alguna.

Esta problemática se agrava por el grave hacinamiento que afronta el penal. Originalmente, el centro penitenciario fue construido para albergar a un máximo de 800 reclusos; no obstante, en la actualidad mantiene internadas alrededor de 4300 personas.