Es asombroso cuánto le falta por conquistar a la ciudadanía, a nosotros los demócratas por afianzar la democracia.

Esto se evidencia con claridad meridiana por la nueva compra del grupo editorial El Comercio, por la asociación El Comercio-Epensa, que si bien fue un acuerdo entre empresarios, muestra cómo la ley puede ser pervertida y a la vez cuánto falta para optimar nuestro sistema político. 

¿Es dable un grupo de personas acuerden adquirir lo que en términos prácticos sería la circulación del 78% de los medios de prensa escrita del país, pues al final de cuentas es un asunto de empresarios y no hay ley (explícita) que lo prohíba?

¿Los empresarios no utilizan las normas y las leyes para beneficiar a la sociedad, sus productos o servicios no son para contribuir con la población?

¿Es eso propio de quienes valoran y defienden la democracia a capa y espada, como son los dueños de algún o algunos medios de comunicación, fomentar una alteración en cuanto al abanico de posiciones encontradas que como base debe haber en todo Estado de derecho?

¿Haber realizado esta compra no atenta a la discrepancia y la diversidad de opiniones y puntos de vista entre articulistas y editorialistas, piedra angular de la opinión pública, o sea la opinión del pueblo en asuntos generales, los que involucran a todos por sus efectos precisamente?

¿O es sólo una rama de los medios de comunicación, no existe tal acaparamiento y más bien se pretende usar una excusa para intervenir a los mismos?

Por otro lado, ahora los representantes del Grupo El Comercio coincidieron en adquirir Epensa, mañana quién sabe si no volverán a estar determinados por ciertos intereses similares, que finalmente los haga actuar en bloque, frenando cualquier disidencia a tal punto de omitir informar sobre los hechos o sucesos que no les apetecieran.

En ese caso, ¿sería bueno para el país, para la democracia, para el bien de la sociedad?

El progreso de un gremio empresarial cuyas implicancias determinan en gran medida la información, desinformación o subinformación, nada menos que por la divulgación u omisión de intelectuales y pensadores, digo, ese progreso se mide por el bien común, buscando lo superior para el país o más bien se mide en función del beneficio privado de algunos, afectando a su vez –y siendo conscientes de ello–, los cimientos mismos del bienestar de la población, los intereses generales.

Claro, se dirá que “la opinión pública” no es la reina de la fiesta tampoco, que desde hace años –por no decir siempre– ha sido producto del miedo a discrepar con la mayoría su pedestal, antes que consecuencia de puntos de vista reflexivos. Pero al final de cuentas la última palabra la tenía el ciudadano, ahora se distingue una manipulación maquinal y milimétrica acerca de lo publicable o eliminable donde el ciudadano no pinta nada, y nada sabrá de la realidad oculta.

¿Esos señores, el Grupo El Comercio, quieren competir o eliminar la competencia?

¿Cuáles son los cánones para sentir que progresan como grupo empresarial, sólo más capital, dinero, patrimonio, beneficios, dividendos, utilidades, nada cuenta el afianzamiento democrático, la cooperación, la solidaridad, separación mínima entre los sueldos de los empleados?

El afán de lucro y competitividad del Grupo El Comercio se ha hecho notar, han caído en la trampa de su codicia, así digan que no ha partido de ellos los hechos determinan que finalmente han adquirido tal flanco, y obviamente por ganas de expansión.

¿La solución está en intervenir los contenidos? De entrada, por supuesto que no, pero algo habrá que tramarse para darle efectividad a los principios fundamentales de nuestro sistema político en este peculiar asunto.

Participar es fundamental para regular estos vacíos y desfases legales y jurídicos.