“Ahora que pueden afectar sus bolsillos salen a protestar, por otros motivos no, pero qué bueno que reaccionen”, dijo uno de los asistentes a la última marcha en contra de la famosa Ley Pulpín, la cual reunió más de 250 ciudadanos en la plazuela Elías Aguirre. Es una reflexión que no solo he escuchado a quienes han estado involucrados en la lucha contra los ocho años más delincuenciales que ha sufrido Chiclayo a cargo de Beto Torres y “Los limpios de la corrupción”. Claro, esa reflexión se enfoca en la mayoría que ha estado ausente en las diversas marchas que se realizaron los últimos años, y no en esa minoría muy consciente con la realidad que siempre recurrió al llamado de S.O.S. de la ciudad.

Y a pesar de que esos 250 o 300 no representan ni el 0.1% de jóvenes que estudian en las diversas universidades e institutos de la región (en realidad, la marcha tuvo la presencia de adultos y ancianos de diversos grupos como Fonavistas, Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Sutep, Patria Roja, Movadef, etc.), lo importante es que la marcha de la semana pasada involucró a jóvenes que antes no asistían a otras protestas por problemas que atentaban contra el bien común y de quienes se espera su compromiso y su reacción no solo cuando se trate del “bien juvenil”.

Justamente, el nuevo “Colectivo por los Derechos de la Juventud” —que hace muy bien en no involucrarse con grupitos que son fachada de los terroristas de Sendero Luminoso (sí, sí, con esos “súper inteligentes” que justifican los miles de peruanos muertos por la causa del “presidente Gonzalo”, según ellos un “preso político” ja, ja)— debe encargarse de congregar jóvenes no solo cuando sus derechos son afectados sino, sobre todo, cuando su ciudad y su país son víctimas de la corrupción, de la dictadura, de la ambición de unos cuantos poderosos.

Lo mismo pasa con los demás ciudadanos de diferentes profesiones o empleos que han salido o salen solo a protestar cuando han afectado o afectan su bolsillo, aunque la ciudad haya estado o esté gobernada por la corrupción, la mierda y el caos. Las enfermeras, los médicos, los profesores, los trabajadores municipales o regionales, los transportistas, los comerciantes, los despedidos de entidades públicas o transnacionales —que desfilaron enfurecidos por las pestilentes calles chiclayanas que estaban dominadas por la corrupción municipal— no solo deben protestar, marchar, gritar por sus derechos o en contra de una injusticia, sino esencialmente cuando está en peligro el bien común, es decir, el bien del niño, del joven, del adulto, de la mujer, del anciano, del planeta.

Foto: Olga Elizabeth Escurra.