Nadie puede afirmar que una ley o norma aprobada es perfecta y no puede ser mejorada o perfeccionada. En el caso de la Ley Universitaria 30220 su acierto radicaba en constituir un intento serio de actualización y reforma del sistema de educación superior que clamaba por un cambio. La normatividad peruana vigente desde 1983 era la más antigua y obsoleta en el concierto sudamericano. Pese a que sufrió modificaciones, estas no buscaron una actualización y mejora sustantiva de la investigación y la formación universitaria, sino dar facilidades e incentivos al sector privado para cubrir al respecto la gran brecha existente entre la demanda y la oferta. 

A inicios de los noventa del siglo pasado, más de dos tercios de los jóvenes egresados del nivel secundario no podían acceder al restringido nivel superior de enseñanza en el país. En 1983 existían en todo el país treinta y cinco universidades (25 públicas y 10 privadas), casi no había institutos de educación superior, ni escuelas superiores, ni diferencias de régimen entre las estatales y particulares. La creación de universidades creció de una manera exponencial en los últimos años. Mientras que en el año 2000 el país ya contaba con más del doble (72 universidades), en el 2013 este número subió a 140 casas de estudios, según datos de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) de ese entonces. En solo 13 años el número de universidades en el Perú prácticamente se duplicó, porque era un gran negocio fundar una universidad. El resultado fue que la relación entre entidades públicas y privadas cambió, pues de las 140 universidades que existían en el país ese 2013, 51 eran públicas y 89 privadas. En el 2014, cuando se aprobó la nueva Ley, no solo habían más ya aprobadas, sino que la cola pendiente era muy larga. 

No se trataba de una repentina conciencia de la importancia de la calidad de la educación para el logro de un desarrollo sostenible ni de la más mínima preocupación por elevar los índices de la investigación para acceder a la tecnología de punta. Era simplemente oportunismo comercial para aprovechar las exoneraciones tributarias permitidas si se invertían las ganancias en la mejora académica. Así las numerosas nuevas entidades universitarias aprovecharon para construir inmensos edificios y sedes, encargadas a constructoras e inmobiliarias de las que también eran propietarios. En todo el Perú surgieron milagrosos campus modernos con escasísimos alumnos, en espera del segundo gobierno alanista, para dar inicio a la segunda fase de la privatización de la enseñanza superior en el país.

El proceso de control de calidad de la formación médica que se había iniciado, en resguardo de los muchos estudiantes, al crearse la Comisión para la Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina Humana (CAFME) fue ignorado y desaparecido, a pesar de servir de modelo para otros países.  Se le sustituyó por un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación que dio legitimidad a los grados y títulos que otorgaban las flamantes nuevas universidades. Así, se llenaron las aulas gracias a que constituían una garantía para que se obtuvieran exitosos estudios en cómodas cuotas a plazos y bajos intereses. La consecuencia de esto nos la brinda la siguiente comparación: la Universidad de Chile en sus 179 años de existencia ha otorgado 40,631 tesis, pero la Universidad César Vallejo en sus 31 años de funcionamiento ha titulado a 83,152; es decir, más del doble.

En este contexto de pauperización y deterioro simultáneo del nivel de la educación superior nace la Ley 30220 de Reforma Universitaria, cuyo objetivo central era instaurar un control y supervisión para la acreditación de las universidades. Sin embargo, más de tres décadas de improvisación y mercantilización universitaria impuso desde la dación de la norma en el 2014 una sistemática resistencia que retardó varios años su implementación. La declaración del Rector de la universidad más antigua de América, en franca rebeldía frente a la ley, de que “solo lo sacarían con tanques” ilustra la campaña de tergiversación y desprestigio al primer intento de mejora de la educación superior peruana de este siglo XXI. 

Al degradarse el respeto al mérito, al conocimiento y a la competencia profesional, la educación superior pasó de ser un medio legítimo para el ascenso social a un mero negocio o trámite burocrático. La gran mayoría de universidades en vez de constituirse en un fundamental impulso a la ciencia y la investigación, se convirtieron en fábrica de títulos y grados al servicio de la mediocridad, el oportunismo y la corrupción. Este abandono progresivo del criterio del esfuerzo, la inteligencia y la transparencia en las decisiones de los organismos, instituciones, entidades de la colectividad ha sido el responsable de la crisis de legitimidad, confianza y respeto ético al alimentar el predominio de la mediocridad, la incompetencia y la ilegalidad en todas las esferas de la vida social. Por ello no debe sorprendernos que la base de la sociedad moderna y democrática, la elección de autoridades desde el presidente hasta los congresistas y funcionarios del Estado para ejercer sus cargos, haya sido sustituida por plagio, falsificación documentos, esconder sentencias, ocultar delitos y mentido en forma cínica.

Lo resumido explica la reciente ofensiva de la corrupta clase política nacional contra la reforma universitaria y, específicamente, contra la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU). Esta en aplicación de la ley había licenciado a un gran número de universidades que cumplían con estándares de calidad, pero también rechazado a las que no garantizaban la educación que prometían. Entre estas estaba aquella cuyo rector ganaba doce millones de soles mensuales y otra que tenía como sede un impresionante edificio de varios pisos, pero que varios de estos eran paneles de fachada en muestra de voluntad de timo. Sin duda la Ley 30220 puede perfeccionarse; por ejemplo, ha sido un error considerar a las universidades públicas en la misma condición que las privadas, cuando su razón de ser no es la ganancia, sino la formación de los profesionales que el país necesita. Asimismo, el tránsito de la elección de autoridades en el claustro cerrado hacia el voto universal de docentes y estudiantes ha servido para que el clientelismo se generalice en lugar de democratizar la vida académica. Ninguna de esas fallas justifica querer retroceder al pasado y eliminar los aciertos en la supervisión y reglamentación universitaria.

Para la corrupción institucionalizada en el Perú es de vital importancia eliminar la reforma universitaria porque han sido los títulos y grados fraudulentos otorgados los que han permitido a sus cuadros convertirse sin mérito alguno en congresistas, funcionarios, miembros de organismos, ministerios, consejos, etc. Buscan ser juez y parte para imponer el amiguismo, las decisiones amañadas, el peculado doloso y culposo, la colusión simple y agravada. En forma mentirosa y falsa denominan su intención fraudulenta como defensa de la “autonomía universitaria” al acusar de burocracia y autoritarismo a los integrantes de los organismos de supervisión y control. En realidad, más que autonomía universitaria buscan y defienden una autarquía económica para seguir con sus prácticas mafiosas.

Tenemos como muestra de la total autonomía de la SUNEDU, en tanto organismo público técnico especializado, la presencia del sanmarquino Víctor Peña Rodríguez, quien es Doctor en Física y reconocido investigador con numerosos artículos científicos. Fue elegido en el 2006 como Vicerrector Académico de la UNMSM, como docente con más de cincuenta años de experiencia, forma parte del Comité Directivo por Concurso Público en estricto reconocimiento a sus méritos académicos. Escuchemos su opinión autorizada al respecto:

Al eliminar el fundamento de la producción científica e intelectual como criterio esencial para la designación de las autoridades que se deben elegir, para integrar y regir a la comunidad científica y sustituirlo por un subjetivo, ambiguo y caprichoso “reconocido prestigio” se atenta contra el auténtico argumento abierto y transparente que tienen que orientar los concursos, designaciones y responsabilidades de la actividad docente, la investigación y la gestión del conocimiento de la institución universitaria. En el respeto a esta calidad académica radica la autonomía de la universidad sea pública o privada.

Desde sus orígenes en el siglo XI, autonomía universitaria no ha significado extraterritorialidad, ausencia de control y supervisión, sino respeto y reconocimiento del valor del conocimiento frente al ejercicio del poder vigente. De prosperar dicho cambio la consecuencia será en lugar de un impulso a la educación superior, la ciencia y la tecnología del país, la generalización de la mediocridad, la incompetencia y los intereses subalternos que nos regresarán al siglo XIX como nación, con las graves consecuencias para la población, en especial para los jóvenes de las generaciones futuras del Perú.

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