La corrupción de cuello y corbata aliada con la delincuencia organizada en El Salvador contaba con más de setenta mil integrantes, entre los cuales la mitad pertenecían a las diversas pandillas denominadas Maras. Estas cobraban cupos, extorsionaban, asaltaban y asesinaban en todo ese país a quienes osaban desafiarlos o no cumplían con el pago establecido. Este chantaje se ejercía principalmente contra la población civil que vivía con su trabajo en condiciones de vida precarias. Ninguno de los gobiernos salvadoreños anteriores hizo algo para impedir su crecimiento y fortalecimiento porque a la clase política solo le interesaba que no afectaran su condición privilegiada, para lucrar con los recursos del Estado y participar en forma velada en los negocios del narcotráfico o de las licitaciones amañadas.

Desde 1992 cuando acabó su guerra civil, las pandillas han sido responsables de la muerte de por lo menos 150 mil personas. Cuando se produjeron más de cien asesinatos en menos de dos días, el presidente Nayib Bukele decidió actuar. El Congreso le otorgó un régimen de excepción el 27 de marzo pasado y, en coordinación con la policía y el ejército, dio inicio a la ofensiva de seguridad contra esa lacra. Las autoridades en esta guerra contra la delincuencia han detenido a más de 46 mil pandilleros que se enfrentarán a condenas entre 30 a 45 años, gracias a una reforma judicial que endureció las penas y busca disuadir a los jóvenes adolescentes usados como sicarios, pues serán considerados ahora por asesinar como adultos. Bukele está a punto de ganar esta guerra en algo más de dos meses porque ha liderado un movimiento que involucra a toda la población y a nuevos dirigentes elegidos, gracias al respaldo masivo en las urnas.

La experiencia reseñada debe llevarnos a una reflexión a todos los peruanos. Si un país pequeño con algo más de seis millones de habitantes está consiguiendo derrotar a la corrupción y la delincuencia organizada por qué en el Perú los 32 millones no podemos hacer lo mismo. En anteriores ocasiones hemos alertando sobre la impunidad que disfrutan los delincuentes de cuello y corbata en complicidad con la delincuencia, el narcotráfico y los funcionarios mafiosos enquistados en las instituciones tutelares de la nación. Si el porcentaje de la población salvadoreña de mafiosos (1%) se aplica al Perú, tendríamos más de 320 mil integrantes, que fácilmente pueden duplicarse hasta el doble (640 mil) de integrantes, si consideramos la extensión de nuestro territorio, los ingentes recursos que disponemos por nuestra biodiversidad y geografía privilegiada, además de la impunidad que durante doscientos años han disfrutado.

La pregunta que cae por su peso es: ¿por qué si nuestra nación atraviesa una etapa marcada por la crisis sistémica de legitimidad, sin proyecto nacional articulador orientado hacia el desarrollo sostenible, con una clase política corrupta y ciega ante la injusta polarización de la población, con la corrupción y la delincuencia enquistada en todas las instituciones y organismos de la sociedad seguimos votando persistentemente por los mismos descarados sinvergüenzas sin asomo de dignidad y respeto por el futuro de nuestros hijos?

En anteriores ocasiones hemos señalado tres factores que propician esta paradójica situación que impide asumir una actitud decidida para desterrar la institucionalización de la corrupción y la delincuencia que gobierna nuestra nación. El principio de tolerancia, la crisis de la educación y la absurda polarización histórica de nuestra población. Recordemos brevemente cada uno de estos males.

A diferencia de la corrupción de las altas esferas, que suelen acordar en forma directa los sobornos e incluso exigirlos airadamente, el ciudadano común nunca se enfrenta al discurso explícito de la coima, pues para funcionar de modo efectivo debe estar mediado por el lenguaje y su función articulatoria. Estos hechos de cohecho no se explicitan, solo se sugieren o se infieren por su naturaleza implícita. Por ejemplo: el conductor que comete una infracción, el padre de familia que paga a un profesor para que ayude a su hijo en el examen virtual, el comerciante que inyecta agua a los pollos para que pesen más, etc., todos ellos justifican el dinero que pagan o el pago ilegítimo que recibirán con el principio de tolerancia ante una falta que consideran minúscula, insignificante y que no acarrea grandes perjuicios por su reducida dimensión. Es decir, son tolerantes ante aquello que en forma indirecta se propone o ante la falta que cometen. 

El problema de este tipo de anuencia consiste en que, a diferencia del gran soborno o la coima institucionalizada, siete de cada diez peruanos se muestran tolerantes ante este tipo de conducta. Hay un principio de tolerancia excesivo que, en lugar de acostumbrar a los ciudadanos a respetar la ley, propicia su evasión por considerarla inocua. Error grave, en lugar de aceptar pagar la infracción cometida, exigir al hijo que estudie o proponer formas para vender con valor agregado sus productos, se evade la responsabilidad y se incentiva el cohecho. Es decir, no se toma conciencia de que no se combate la injusticia con el engaño, la falsedad porque lo que se consigue es incrementar y fortalecer la desigualdad al castigar al más necesitado.

Asimismo, obvian la reproducción de dicha conducta antisocial en su propio entorno familiar. ¿Cómo exigir a los hijos respetar la ley cuando han sido testigos que sus padres o familiares no lo hacen?  Ningún país puede derrotar a la corrupción sin la activa participación de todos los ciudadanos. La tarea para reducir y eliminar sobornos y coimas tiene que ver con la educación en el sentido más amplio en nuestra sociedad. Educar en el hogar, en el colegio y universidad, y en la vida cotidiana en el respeto a toda persona sin menoscabo de sus derechos que no diferencian en cuestiones de edad, género, lengua, ideología o creencia. Avalar o encubrir la corrupción acostumbra a la juventud a la tolerancia y valida la impunidad. Eliminar la coima es la tarea que debemos asumir todos los peruanos demócratas que amamos al Perú y deseamos un país unido y libre para el futuro.

Por otro lado, al degradarse el respeto al mérito, al conocimiento y a la competencia profesional, la educación pasó de ser un medio legítimo para el ascenso social a un mero negocio o trámite burocrático. La gran mayoría de universidades en vez de constituirse en un fundamental impulso a la ciencia y la investigación, se convirtieron en fábrica de títulos y grados al servicio de la mediocridad, el oportunismo y la corrupción. Este abandono progresivo del criterio del esfuerzo, la inteligencia y la transparencia en las decisiones de los organismos, instituciones, entidades de la colectividad ha sido el responsable de la crisis de legitimidad, confianza y respeto ético al alimentar el predominio de la mediocridad, la incompetencia y la ilegalidad en todas las esferas de la vida social. Por ello no debe sorprendernos que la base de la sociedad moderna y democrática, la elección de autoridades desde el presidente hasta los congresistas y funcionarios del Estado para ejercer sus cargos, haya sido sustituida por el plagio, la falsificación de documentos, el esconder sentencias, ocultar delitos y mentir en forma cínica.

Para la corrupción institucionalizada en el Perú es de vital importancia pauperizar la calidad educativa y eliminar la reforma universitaria porque han sido los títulos y grados fraudulentos otorgados los que han permitido a sus cuadros convertirse sin mérito alguno en congresistas, funcionarios, miembros de organismos, ministerios, consejos, etc. Buscan ser juez y parte para imponer el amiguismo, las decisiones amañadas, el peculado doloso y culposo, la colusión simple y agravada. En forma mentirosa y falsa denominan su intención fraudulenta como defensa de la “autonomía universitaria” al acusar de burocracia y autoritarismo a los integrantes de los organismos de supervisión y control. En realidad, más que autonomía universitaria buscan y defienden una autarquía económica para seguir con sus prácticas mafiosas.

En tercer lugar, el monopolio de los medios de comunicación social manipula la información difundida en los países del mundo, en función de la posición defendida, en consonancia con los intereses económicos propios. La polarización aparece como inevitable cuando la veracidad y la ética ceden terreno al sensacionalismo, los índices de sintonía y las noticias falsas (fake news), que son las municiones de la guerra informativa. Esta constituye una caja de resonancia de la guerra comercial, económica, militar. El secreto que encierra esta separación o división de la realidad en dos opuestos radica en que ambas dicotomías defienden aspectos o ideas dentro del mismo orden, sistema o modelo auto atribuyéndose la genuina, auténtica o verdadera representación.

Si se analiza y profundiza en las diferencias entre sí de ambas posturas, se descubre que se trata de matices o interpretaciones parecidas, de énfasis semejantes sin argumento crítico alguno. Como pretender que la distancia entre el azul y el celeste es tan clara como lo negro y lo blanco. Es decir, ambos puntos de vista creen tener la verdad sobre una realidad que consideran adecuada, mejor. Supuesta verdad vigente que el antagónico pone en peligro. Ninguno de los dos polos divididos acepta, reconoce o indica problemas, defectos, distorsiones en el sistema, régimen del modo de existencia. Entendemos que esta paradoja o contradicción se explica porque se tratan de dos formas de defensa del mismo reino privilegiado actual, del que ambos obtienen beneficios y ventajas. En tal sentido, comprendemos la frase que Maquiavelo, en el libro El príncipe (1513), que tomó de Julio César: “divide y vencerás”. Mientras estén divididos la posibilidad de que surja, se desarrolle y finalmente venza la idea de la necesidad de una nueva modalidad de existencia, régimen o vida será remota.

Las inmensas desigualdades económicas, raciales y de género, así como entre países, fracturan nuestro mundo. Esto es resultado de decisiones deliberadas: la “violencia económica y social” tiene lugar cuando la política a nivel estructural está diseñada para favorecer a los más ricos y poderosos, lo que perjudica de una manera directa al conjunto de la población y, especialmente, a las personas en mayor situación de pobreza, las mujeres y las niñas, y las personas racializadas. Las desigualdades contribuyen a la muerte de, como mínimo, una persona cada cuatro segundos.

Se piensa que si se establece la verdad de los hechos en base a información objetiva de fuentes reconocidas se puede superar la polarización para sancionar por la razón un consenso válido. Pero, sucede que las personas atrapadas en dicotomías o bandos opuestos suelen ser renuentes a reconocer nueva información que contradice sus creencias previas, por el estrecho vínculo que tienen con la dimensión emocional de sus identidades. En vano se busca explicar, aclarar o educar para imponer la escucha que conduce al diálogo. Según la psicología cognitiva, se entiende esa conducta porque admitir lo contrario implicaría reconocer que fueron engañados por alguien en quien confiaron. Denomina dicha respuesta como “disonancia cognitiva” que establece que cuando se produce un conflicto entre nuestras creencias previas y nueva información se busca de manera inconsciente atenuar, rechazar, ignorar o distorsionar dicha evidencia para que coincida con nuestras ideas o pensamientos. Es por eso que deviene en un círculo vicioso o en monólogos cerrados donde ninguno escucha y mucho menos dialoga, conversa, al no estar interesado sinceramente en el punto de vista contrario.

Sin embargo, los aspectos reseñados no logran explicar plenamente la absurda situación del crecimiento exagerado del desgobierno y el deterioro progresivo de nuestra nación, patente en la descomposición de la clase política y de los líderes empresariales, también en la anuencia inexplicable de intelectuales y académicos. Debemos aceptar que la explicación radica en la proliferación de un nuevo y más mortal virus en la vida cotidiana: la estupidez. Este término que forma parte del título de este comentario significa “torpeza notable en comprender las cosas” y ha sido una conducta constante en la historia de la humanidad.  El historiador Carlo Cipolla ha establecido lo que denomina las leyes fundamentales de esta conducta inherente al ser humano. Estas son: primera, inevitablemente se subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo; segunda, la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona (inteligencia, laboriosidad, educación, etc.); tercera, estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio; y cuarta, las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Nos olvidamos que en cualquier circunstancia, tratar y/o asociarse con individuos estúpidos se manifiesta infaliblemente como un error garrafal. 

Dietrich Bonhoeffer autor de una “Teoría sobre la estupidez humana” (1945) argumentó que las personas estúpidas son más peligrosas que las malas. Contra la estupidez no tenemos defensa ni las protestas ni la fuerza pueden tocarla. El razonamiento no sirve de nada, tampoco los hechos que contradicen los prejuicios personales. El estúpido los contrarresta criticando sin argumento alguno y si son innegables simplemente los deja de lado como excepciones triviales. En tal sentido, la estupidez no es un defecto intelectual, sino de índole moral: es indiferente y tolerante ante todo acto sin sopesar las implicancias. Por eso se confunde con el fanático o fundamentalista. Con quienes comparte su predisposición a la violencia como respuesta última. La historia ha demostrado que el crecimiento de la estupidez conduce en una colectividad hacia una resolución traumática con millones de muertes, como sucedió con el nazismo y otras ideologías violentistas. 

La mayoría inteligente en el Perú debe cambiar su actitud frente al crecimiento de la corrupción y la delincuencia en nuestra patria. Instalados en su cómoda rutina, indolentes a la polarización entre peruanos, debe salir de su aislamiento y fragmentación para comprometerse con el futuro de la nación. Nunca conceder ante el abuso, la prepotencia y la ilegalidad. Construir desde la casa una cultura del diálogo y la solidaridad para forjar nuevos líderes jóvenes que sustituyan a mafiosos, mediocres y prepotentes. Iniciar una campaña que identifique, registre y establezca la muerte civil de todo delincuente y corrupto para que nunca más vuelva a reciclarse dentro del poder legítimo. 

Pero, sobre todo, en las muy cercanas elecciones no votar por candidatos que cambian su piel, apariencia o partido político, para seguir siendo las serpientes o víboras de siempre. Nadie debería apoyar a los partidos y rostros conocidos de los últimos seis sufragios nacionales porque seguirán respaldando estúpidamente a la misma delincuencia y corrupción. La tarea es estudiar los programas y propuestas, más que títulos o cargos importa su honestidad y compromiso ético con el Perú. La lección recurrente de las elecciones últimas es que, así nos equivoquemos al elegir al Presidente, un Congreso mayoritario de nuevos líderes honestos que piensan servir al Perú y no aprovecharse del mismo, constituye la única alternativa para controlar, supervisar y garantizar el cumplimiento de las promesa de campaña. Como en El Salvador unidos podemos conseguir lo imposible.               Ilustración: Fernando Vicente / El País