Desde inicios del siglo XXI, la difusión de los pésimos resultados del Perú en las pruebas sobre lenguaje verbal revivió la preocupación sobre la falta de comprensión de la lectura por parte de los estudiantes en la educación básica. El impulso hacia la alfabetización, desde mediados del siglo XX, dio como estrategia prioritaria una política pública centrada en el acceso al sistema escolar primario y secundario, para que la población lograra leer y escribir. En la década de los ochenta, con la tardía primera entrega de la presidencia de la República entre gobiernos civiles, simultáneamente al intento de consolidar la democracia en el Perú, el problema de encaminar a la nación hacia un proyecto moderno de desarrollo giró hacia los problemas de la competencia lectora.

En los noventa, se asumieron las propuestas psico y sociolingüísticas como solución a nuestros sistemas y proyectos educativos, pero fueron socavadas por la política de privatización educativa dominante para el país, que hasta el presente goza de buena salud. El interés estratégico desapareció en el debate ante la preocupación por respuestas tácticas de corto alcance, orientadas por el populismo y en busca de paliar los acuciantes resultados del fracaso escolar en lectura en primaria y secundaria. Esta grave falta de comprensión al leer y la pérdida de la competencia en el uso de la escritura o literacidad entre los estudiantes, en lugar de disminuir, aumentó hasta incluir la formación universitaria, el postgrado y la investigación científica. La desaparición de materias como literatura, filosofía, historia y otras de letras o humanidades, consecuencia del afán de beneficiarse de la creciente demanda de titulación para facilitar la matrícula, ha culminado en la profunda crisis de los planes lectores, las reformas y los deseos de calidad en nuestra educación. 

El aislamiento social por la pandemia agudizó más las carencias del sistema educativo nacional, cuyo deterioro se relaciona directamente con la crisis del sistema político y la progresiva descomposición de la clase dirigente. Como demuestra lo acaecido en otras latitudes, la complejidad del mundo en que vivimos ha convertido nuestras categorías políticas en conceptos inservibles, cuyo formato y andamiaje ideológico aparecen como inadecuados.  Muchas de nuestras categorías políticas se muestran como conceptos inservibles, incapaces de impedir que oportunistas, prontuariados, sentenciados y corruptos se reciclen constantemente para seguir medrando con el poder obtenido por votos en los sufragios cada tres o cinco años. Este desfase exige una transformación de la política en la línea de ponerla a la altura de las nuevas bases del sistema democrático, como ha formulado Daniel Innerarity en Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el siglo XXI (2019).

Si la imagen de nuestra gobernabilidad ha adquirido notoriedad por haber registrado el récord negativo de seis presidentes en cinco años (2016-2021) es debido a la inestabilidad y la pugna interna por usufructuar los privilegios del poder del Estado. Ad portas de un nuevo ciclo electoral nos enfrentamos al riesgo de reiterar los mismos errores de anteriores sufragios, pues resulta contradictoria e inexplicable la forma cómo, en sucesivos procesos, los electores siguen apoyando a las agrupaciones políticas y a los candidatos que no solo han incumplido sus promesas, sino que han aprobado leyes y medidas contrarias a las que enarbolaron defraudando a los ciudadanos que los respaldaron.

Lo meritocrático ha sido sustituido por lo mediático, la vocación de servicio comunal por la oportunidad de enriquecimiento. La justificación resulta cínica y peligrosa: ¿si otros privilegiados se volvieron millonarios como gobernantes, por qué yo no puedo hacer los mismo? Absurdo es suponer que el que algunas personas cometan delito pueda convertir una falta, un perjuicio y un robo en una práctica válida, digna de imitación. Ante el riesgo de esta posibilidad que seguiría agravando nuestra endeble democracia y la gobernabilidad del país, se hace necesario entender que la solución no radica solo en proponer cambios o reformas a las normas electorales, ni establecer impedimentos jurídicos para que los cuadros políticos corruptos se reciclen al cambiar frecuentemente de agrupación o partido. Se trata de una dimensión oculta que alimenta y perenniza de la crisis: las prácticas lectoras y letradas en la educación.

Si los maestros de vocación en todos los niveles del sistema constatamos día a día la profunda incapacidad de los jóvenes estudiantes para comprender un simple enunciado, pregunta o indicación en los exámenes y evaluaciones cotidianas, ¿cómo vamos a confiar en que realicen un voto consciente y fundamentado a favor de una renovación de los cuadros y dirigentes políticos de las agrupaciones partidarias existentes? Las formas en que las prácticas lectoras han cambiado en tiempos recientes, consecuencia de la revolución informática digital en curso, así como los ámbitos o espacios en donde tiene lugar, han modificado radicalmente la práctica de lectura y escritura de los jóvenes. Estos han nacido y son expertos en los cambios tecnológicos de los soportes electrónicos, poseen una experiencia idónea para procesar dichos discursos y la manera de leerlos y producirlos, pero se desconciertan ante la escritura, libros y mensajes impresos.

Como explica Daniel Cassany en Prácticas letradas contemporáneas (2008) desde hace más de quince años muchos estudiosos han establecido que la nueva forma de leer es el resultado de múltiples factores que varían de una práctica a otra. El contacto virtual en los usuarios constituye una vivencia que conserva la diversidad de textos verbales y no verbales, las opiniones personales, las conversaciones, el acceso a redes y contextos. Así, la juventud incorpora inconscientemente como competencia en su producción de sentido la pasividad y la anuencia en su perspectiva operativa. Lamentablemente, la existencia de esta vasta cultura juvenil de nativos navegantes del ciberespacio, en las tres últimas elecciones presidenciales, ha sido aprovechada por los partidos populistas y oportunistas para inducir la votación por criterios de imagen, prejuicios e información falsa, acorde con una expectativa favorable a sus intereses individuales ilícitos. Eso en lugar de propender hacia la formación de una conciencia cívica solvente con conocimiento, responsabilidad y ética. Cada año electoral, los mismos partidos antidemocráticos repiten la misma estrategia, gracias a los ingentes recursos provenientes de compromisos mafiosos que financian campañas, estudios de mercado y agencias publicitarias costosas para direccionar el sufragio a su favor. 

Esta candorosa predisposición, resultado de una clamorosa manipulación de los medios de comunicación social, responde a factores complejos que debemos combatir si pretendemos superar el desgobierno que rige nuestro devenir como país. Primero, la indiferencia y desinterés de todos los agentes involucrados en la educación nacional (autoridades, docentes, padres de familia, asociaciones profesionales, etc.) que abandonan inermes a los jóvenes en manos de la manipulación mediática. A través de internet en tabletas, laptops, celulares, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) consumen valores, información falsa (fake news), campañas y videos (Youtube, TikTok, etc.) que inciden y promueven conductas acríticas y enajenadas de los graves y verdaderos problemas de la colectividad. En tal sentido, no solo los maestros, sino padres de familia, asociaciones vecinales e instituciones deberían incorporarse a dicha dimensión enraizada en la juventud para brindar orientación y educar la conciencia responsable hacia un cambio en la cultura y sociedad.

Finalmente, como indica el adagio popular “la mejor educación es la del ejemplo”. Por lo mismo, individual y familiarmente, tenemos que prestar atención a cada proceso electoral en curso para interesarnos en averiguar qué agrupaciones y candidatos están pretendiendo asumir cargos y responsabilidades. De ese modo, podemos establecer y difundir la necesidad de un voto consciente sobre la base de programas de gobierno, sin considerar rostros sonrientes, promesas exageradas y criterios absurdos como “voto a ganador”, “porque me cae bien”, “porque mi tío me dijo”, “da lo mismo, todos son corruptos”, etc. Debemos actuar para ejercer el control que impida que los mismo prontuariados, sentenciados y reincidentes en corrupción se reciclen postulando en partidos que, como “vientres de alquiler”, cobijen en cada nuevo proceso electoral a políticos comprometidos con decisiones y leyes a favor de la corrupción institucionalizada. En conclusión, debemos colaborar en la comprensión lectora de nuestros hijos y familiares jóvenes para que avancemos hacia un proceso electoral basado en programas y propuestas serias. Recordemos que quien vota por un mentiroso no es víctima, sino cómplice.

Ilustración: HijaseHijosDLMx